José María Rosales de Angulo y Juan Cano Bueso como Presidentes de dichas Instituciones fueron los firmantes del Protocolo de Colaboración.
Fruto de esa colaboración se han podido materializar dos interesantes actividades formativas que contarán con la participación de importantes juristas. La primera de ella se desarrollará en Almuñécar dentro de los cursos del Centro Mediterráneo de la UGR bajo el título ‘El Poder Judicial, a debate’. La siguiente, una vez superado el verano, irá dirigida especialmente a los abogados recién licenciados.
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía mostró su satisfacción por la firma del convenio porque supone «aunar esfuerzos para mejorar la funcionalidad del sistema jurídico». En este sentido, Juan Cano Bueso destacó el «papel importantísimo que juega la abogacía en lo que concierne a la actuación de la Administración de Justicia». Ambas instituciones «tienen un compromiso con el buen funcionamiento del sistema judicial y para mejorar la eficacia de las actuaciones administrativas».
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano del Colegio de Granada manifestó que se siente «orgulloso» por la firma de un convenio con el que «el mundo jurídico debe estar de enhorabuena». «Es un protocolo de colaboración que avanza en el Estado de Derecho», resaltó José María Rosales de Angulo, quien destacó también la importancia institucional que representa la firma de este documento, que posibilitará el «intercambio del conocimiento en nuestros respectivos ámbitos y que va más allá del aspecto puramente informativo».
Al mismo tiempo, se mostró esperanzado en que el inicio de esta etapa de colaboración institucional entre el Consejo Consultivo y la abogacía andaluza, «contribuya a mejorar la justicia en Andalucía y repercuta positivamente en el ciudadano».
Con la firma del Protocolo, ambas Instituciones acuerdan la organización conjunta de actividades de interés tanto de ámbito científico-jurídico, como cultural, formativo e informativo, su financiación y difusión, así como la intención de procurarse mutuo apoyo técnico y jurídico en cumplimiento de sus respectivos fines, mediante la firma de futuros acuerdos que contengan vías concretas de cooperación.